Era previsible que ocurriera… y ha ocurrido. El sector del porcino ibérico de Castilla y León y el gobierno autonómico acaban de anunciar que presentarán, por separado, sendos recursos a la nueva normativa de calidad del jamón ibérico. La decisión se tomó tras una reunión de la Mesa del Porcino Ibérico en la Consejería de Agricultura y Ganadería (Valladolid). A dicha convocatoria acudieron representantes del sector del ibérico en Castilla y León y la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual.
El quid de la cuestión –y de los recursos- es la definición que como indica la nueva norma del jamón ibérico la pureza de la raza. Esta normativa recién aprobada reserva el término pata negra solo para los jamones ibéricos que sean 100% bellota. Según una gran parte de los industriales y ganaderos del sector, esta denominación tan sólo beneficiará a un pequeño grupo de productores andaluces. En palabras de los demandantes “el término pata negra puede ser una cuestión que no tenga mayor importancia en el mercado nacional, pero sí resultará decisivo en las exportaciones a países europeos o asiáticos, donde el ibérico es conocido por el sobrenombre pata negra”. Y es que hay que tener en cuenta que más del 70% del cerdo ibérico español se sacrifica en la provincia de Salamanca… mayormente en el término municipal de Guijuelo.
Según los demandantes, la mención siquiera del término pata negra en el etiquetado «resulta injustificada, puesto que la denominación de venta por alimentación y manejo y tipo racial es de por sí suficientemente explícita: 100 por cien ibérico de bellota». El término pata negra, añaden portavoces de la Junta, «prima en el mercado unos productos frente a otros», en referencia a la producción de algunas zonas del sur de España.
Sin embargo, no es la definición del término pata negra el único punto en el que, tanto la Junta como productores y ganaderos, muestran su desacuerdo con la nueva reglamentación. Para Manuel José González, presidente de ASACRIBER (Asociación de Criadores de Porcino Ibérico de Castilla y León), «no tiene sentido establecer edad mínima (para el animal), ya que los cerdos se pueden pasar de peso y luego las piezas como el jamón se encarecen y cuesta más venderlas».
Más motivos de protesta
Pero hay más. La Junta de Castilla y León también entiende que esta norma contraviene la legislación española y la europea, en concreto «en el tamaño mínimo de la letra con el que debe indicarse el porcentaje de raza ibérica». Además, rechaza la «ubicación obligatoria en un específico lugar de la etiqueta».
La intención primera del recurso es que el Tribunal Supremo paralice la aplicación del nuevo reglamento… aunque, en realidad, tienen pocas esperanzas de que esto ocurra. Y es que, desde la propia consejería, ya se da por hecho que es difícil que una comunidad consiga inicialmente que se paralice una normativa estatal, «aunque luego los tribunales te den la razón».
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